Los familiares de Paola Tacacho (foto), la joven que fue asesinada por Mauricio Parada Parejas en octubre de 2020 en Barrio Norte, se aprestan a presentar en la Legislatura un pedido de juicio político contra la fiscala Adriana Reinoso Cuello. Afirman que ella fue la primera que recibió una denuncia contra el femicida, pero que la presentación, al igual que otras dos similares, fueron archivadas sin la investigación correspondiente.
En noviembre del año pasado, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió destituir al entonces juez Juan Francisco Pisa, al considerar que el magistrado -estaba próximo a jubilarse- había incumplido con sus deberes de funcionario público. Ahora, los familiares de la víctima buscan la remoción de Reinoso Cuello, a quien será la primera a la que denunciarán. Según explicaron, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) “fue la primera funcionaria judicial en recibir una denuncia de Paola Tacacho, el 20 de noviembre de 2015”. “Esta causa fue archivada a los tres meses. Tuvo otras dos oportunidades de escuchar a Paola. A su Fiscalía llegaron dos denuncias más. Sin embargo, la fiscal decidió cerrarle nuevamente las puertas a Paola”, añadieron.
Luego de asestarle una puñalada letal en el corazón, Parada Parejas se quitó la vida utilizando el arma con la que había perpetrado el femicidio.
“Este 24 de febrero presentaremos ante la Legislatura tucumana los pedidos de Juicio Político contra los fiscales Adriana Reinoso Cuello, Mariana Rivadeneira, Diego López Avila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari. En todos los casos, estos fiscales tuvieron en sus manos distintas causas iniciadas por Paola y actuaron de manera negligente, incumplieron con los deberes inherentes a sus cargos y desobedeciendo con las normativas internacionales para proteger y erradicar la violencia de género”, resaltaron amigos y familiares de la docente salteña.
En ese sentido, apuntaron que el pedido de juicio político a Reinoso Cuello “se centra en la negligencia en el ejercicio de sus funciones y en el incumplimiento en forma injustificada de los deberes inherentes al cargo”. “Reinoso Cuello denota el absoluto desinterés por conocer el caso en el que debía actuar, falta de sensibilidad absoluta y pleno desconocimiento de normativa nacional e internacional que obliga a tomar todas las medidas conducentes para proteger a la víctima de violencia de género de manera inmediata. Al incurrir en el incumplimiento de sus funciones, la fiscal produjo una violencia institucional gravísima por la que exigimos sea sancionada a través del juicio político”, concluyeron.